Periódico 15 : Edición 18: Marzo de 2003

Abstract

Mónica Paola sonreía. Iba para la escuela a encontrarse con su profesora y sus compañeros, pero en un instante la vida se le convirtió en una pesadilla. Pisó una mina antipersonal sembrada por el Frente 24 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El artefacto le destrozó el rostro, los ojos, las manos y una pierna. Fue necesario trasladarla de urgencia a Barrancabermeja y de allí en helicóptero hasta el Hospital González Valencia, en Bucaramanga. El caso de esta niña de ocho años, habitante de la vereda Taracué, del municipio de San Pablo, sur del departamento de Bolívar, es el más reciente causado por un enemigo que no distingue edades, género, rango o condición social. Un enemigo prohibido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) que proscribe el empleo de armas que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios. Un combatiente que nunca yerra el blanco, el mayor violador del DIH. Su objetivo principal no es matar, sino incapacitar o herir a sus víctimas, en especial a la población civil, y bajar la moral a los guerreros.