Análisis jurídico de las medidas administrativas para la prevención del lavado de activos en Colombia

Abstract

El contexto global en que nos encontramos inmersos ha ofrecido extraordinarias posibilidades de desarrollo a los grupos criminales organizados, los cuales se han dedicado a la explotación de bienes y servicios ilícitos. En los últimos tiempos han conocido la aparición de grandes fortunas generadas a partir de la realización de las actividades delictivas; riqueza que, para poder ser disfrutada pacíficamente por parte de quienes la obtienen, requiere ser distanciada de su origen mediante el oportuno proceso de legalización, conversión o blanqueo. Así las cosas, el interés social por controlar, prevenir y reprimir la actividad de tales grupos exige la supervisión de los cauces a través de los cuales se legitiman tales fondos, haciendo especial hincapié sobre las actividades de intermediación financiera. Como respuesta a las recomendaciones planteadas por diferentes grupos internacionales de trabajo (ONU, GAFI, Comité de Basilea, OEA, etc), las normas vigentes en la mayoría de los estados exigen la adopción de medidas de prevención y control del blanqueo por parte de determinadas entidades e instituciones. Para verificar y asegurar el adecuado funcionamiento de dichas medidas, tales normas exigen el nombramiento de Oficiales de Cumplimiento que supervisen adecuadamente el funcionamiento de los protocolos de control. Así mismo, se requiere de medidas administrativas expedidas por el gobierno nacional y que sean adoptadas por el sistema financiero colombiano para controlar y reprimir el blanqueo de capitales.