Violencia económica contra la mujer una mirada internacional y su aplicación en Colombia

Abstract

La prevención de la violencia contra la mujer en el Estado Colombiano, ha empezado a tener eco desde la promulgación de la Constitución de 1991, donde se reconocieron los sus derechos y garantías políticas, económicas y sociales, así como la integración de principios que equilibraron el ordenamiento jurídico colombiano en lo que respecta al a igualdad de derechos entre los hombres y mujeres. Pero es claro que aunque la violencia económica contra las mujeres ha existido y continúa existiendo en nuestro país, su verdadera connotación ha sido resaltada por los organismos internacionales protectores de los derechos humanos hace menos de una década y en Colombia poco se ha hecho para prevenir este fenómeno, que día a día se va convirtiendo en una de las peores formas de violencia en contra de las mujeres. Es evidente que nuestro entorno ha sido influenciado por comportamientos costumbristas, que han generado ciertas condiciones de machismo al interior de las uniones familiares, lo que ha generado un silencio positivo en la sociedad frente a actos económicos violentos en contra de las mujeres. Si realizamos una compresión generalizada de la violencia, entendemos por la misma como la forma de interacción humana mediante la cual, a través de la fuerza se produce un daño a otra para la consecución de un fin. Ahora bien, si integramos este concepto al concepto de violencia económica podrimos concluir que estamos frente a un acto mediante el cual a través de la fuerza se busca oprimir, impedir, restringir y cohibir a la mujer para el pleno ejercicio de sus derechos económicos dentro del ámbito donde se desarrolla como ser humano, principalmente en el ámbito familiar. Por ello realizaré un estudio crítico y estructurado, sobre los diferentes elementos jurídicos nacionales e internacionales que protejan a la mujer sobre la violencia económica, los cuales permitan introducir un sistema interpretativo, preventivo y sancionatorio en Colombia, desde la ley 1257 de 2008, teniendo en cuenta que si bien esta ley define la violencia económica y la reconoce como una de las formas de violencia contra la mujer, no precisa el alcance jurídico de las expresiones “abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas, o castigos monetarios” contenidas en ella, ni mucho menos la reconoce ni aplica en el desarrollo de las medidas preventivas y sancionatorias descritas en la mencionada ley.