“Una mirada crítica al régimen de notificaciones en el procedimiento administrativo como barrera al acceso a la justicia y a la eficiencia procesal ”

El estudio exhaustivo del régimen de notificaciones consagrado en la Ley 1437 del 2011, permite establecer si dentro de este se encuentran barreras al acceso a la justicia y a la eficiencia procesal, aunque dicha ley incorporó avances que en materia de notificaciones electrónica, que efectivamente prometen ser soluciones definitivas para que los ciudadanos accedan de forma indiscutible a las garantías procesales adecuadas, persisten en ella falencias normativas y prácticas, dificultando así el cumplimiento de principios como la celeridad, la economía procesal y la publicidad. A través de una revisión normativa, jurisprudencial y doctrinal, se busca identificar los puntos críticos del modelo vigente, comparándolo con el régimen de notificaciones y procesos dentro de la jurisdicción civil, esto con el objetivo de ver de qué forma se está administrando justicia por los medios de notificación propuestos por el régimen estudiado. A partir de un enfoque Cualitativo, de tipo sociojuridico, mediante el método hermenéutico jurídico, y técnicas de análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal. Concluyendo que el sistema de notificaciones en el procedimiento administrativo presenta deficiencias estructurales que requieren una revisión profunda, tanto en su diseño como en su implementación. En ese sentido, se propone adoptar una visión garantista e inclusiva de la notificación, que no solo responda a principios de celeridad y eficiencia, sino que asegure el respeto pleno de los derechos fundamentales en condiciones de igualdad real. Se parte del entendido de que las notificaciones representan un acto sustancial dentro del procedimiento administrativo, en tanto de su cumplimiento oportuno y válido depende la eficacia del acto administrativo y el inicio formal de los términos procesales. Sin embargo, se evidencia que el régimen vigente, si bien ha incorporado medios electrónicos como mecanismo de modernización, sigue respondiendo a una estructura legal rígida, formalista y poco armónica frente a los desafíos que impone el entorno tecnológico actual. Esta desconexión entre norma y realidad genera incertidumbre jurídica, dificultades de interpretación y, sobre todo, riesgos de exclusión procesal, especialmente para poblaciones en situación de vulnerabilidad o con acceso limitado a medios digitales.